Fue de común acuerdo. Cuando comenzaron las náuseas y la brasileña M. se hizo una prueba de embarazo en el baño de su casa sin que la familia, que estaba en la sala contigua, lo supiera, llamó a su novio. “¿Qué vamos a hacer?” Ser padres a los 21 y 23 años no era una opción.
Estudiantes universitarios, decidieron abortar. Pero M. quería un procedimiento seguro, sin riesgos de terminar en una sala de hospital y ser potencialmente hostigada por intentarlo.
“Vamos a otro país”, sugirió ella, aunque nunca había salido de Brasil. Ambos investigaron y descubrieron el derecho a la interrupción del embarazo en Argentina y, como cada vez más brasileñas, M. vio en el país vecino un refugio seguro para abortar.
La pareja aterrizó en Buenos Aires un viernes, cuando la periodista empezó a seguirlos, pero aún tenían un largo camino por delante. Su destino era Rosario, a 4 horas en autobús desde la capital.
Recientemente conocida en las noticias como una ciudad dominada por la violencia del narcotráfico, este municipio portuario de la provincia de Santa Fe, el cuarto más poblado del país, con cerca de 1,3 millones de habitantes, es pionero en el derecho al aborto legal en Argentina.
M. llegó embarazada de 11 semanas y 4 días y, tras pocas horas de sueño, fue a una clínica privada que en los últimos años ha recibido cada vez más mujeres de Brasil que descubren sus servicios por internet, por recomendación de conocidas o de proyectos sociales.
Con ese período gestacional, encajaba en los criterios de la llamada IVE, la interrupción voluntaria del embarazo asegurada hasta las 14 semanas. Sin necesidad de justificar sus motivos, una mujer que esté dentro de este período de embarazo puede acceder al procedimiento en el país.
En la clínica Musa, a pocos pasos del edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, M. llegó acompañada de su novio para someterse al procedimiento conocido como AMIU, la aspiración manual intrauterina, realizada en unos 20 minutos, con anestesia local y acompañamiento de una médica y una enfermera.
Desde el principio hasta el final, estuvo acompañada por Bárbara Paiva, médica brasileña formada en Rosario que desde hace dos años trabaja en la clínica y se ha convertido en una especie de punto de referencia para todas las brasileñas, especialmente por el idioma. La mayoría, como M., no habla español.
Paiva traducía todo lo que decían las demás profesionales y explicaba en detalle el procedimiento a M. El AMIU no afecta la fertilidad de la mujer, ni deja marcas. Por eso, a M. también se le ofreció la posibilidad de colocar un DIU (dispositivo intrauterino) después de explicarle todas las opciones de prevención.
Ella aceptó, y tras unos 15 minutos de finalizar el procedimiento salió del consultorio de la mano de su pareja, caminando, tras agradecer con abrazos a las profesionales.
A finales de 2020, con un mar de mujeres con sus pañuelos verdes afuera, el Congreso argentino legalizó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y lo consagró en ley a principios de 2021. Fueron años de intensos debates que gradualmente ganaron fuerza para cambiar la criminalización de la práctica en el Código Penal.
Muchas brasileñas ni siquiera saben de la realidad de las argentinas. Pero se enteran al verse en la desesperación. Como ocurrió con G., también representada solo por la inicial de su primer nombre para preservar su anonimato por temor a hostigamientos.
A los 43 años y poco tiempo después de hacer una cirugía bariátrica, descubrió que estaba embarazada de su prometido. Ya madre de cuatro hijos, G. recibió una recomendación expresa de su médica cuando tuvo a la menor, de 10 años: embarazarse nuevamente no debería ser una opción. Las condiciones de su útero y de órganos cercanos, después de tres cesáreas, la colocaban en un embarazo de alto riesgo. Buscó a su médica, quien le confidenció que quería ayudarla a realizar un aborto, pero no tenía alternativa.
G. pensó en judicializar el caso, pero también temió que el proceso demorara mientras avanzaba la gestación. En dos ocasiones, compró medicamentos en internet. Las píldoras, falsas, no hicieron efecto alguno. Hasta que, por medio de un proyecto social, supo de las condiciones en Argentina y también fue a la clínica Musa con 13 semanas de gestación, sola.
“Tener que salir de mi país para algo que entiendo que era un derecho mío me dolió mucho”, explica. “Amo ser madre, pasé prácticamente toda mi vida adulta ejerciendo ese papel. Pero no quería dejar a mis cuatro hijos huérfanos”, relata, un año después del procedimiento.
Prohibido para la venta en Brasil, el Cytotec (misoprostol), medicamento usado para el aborto autogestionado, que puede realizarse en casa, sigue siendo vendido en redes ilegales. La reportera se puso en contacto con una red de ventas en la aplicación de mensajería Telegram.
Primero, entró en un grupo que decía vender las cápsulas. Después de menos de un minuto, recibió un mensaje privado: “hola, buenas tardes, ¿necesitas ayuda con un embarazo no deseado?”.
Los administradores dicen que este medicamento viene de Francia, garantizan que es verdadero, preguntan cuál es el período gestacional y luego indican la cantidad de comprimidos. El precio va de R$ 800 a R$ 2.100. El medicamento llega por correo escondido en envases de productos de maquillaje, como polvos sueltos.
Desde 2022, la clínica Musa, que opera en la red privada, ha recibido en Rosario a más de 1.140 mujeres para llevar a cabo el aborto seguro. De ellas, 301 eran de Brasil, lo que hace que las brasileñas sean casi el 90% de las extranjeras que buscan la clínica, junto a algunas chilenas y peruanas.
También es posible comprar en farmacias el misoprostol y realizar un aborto autogestionado tomando comprimidos en algunos intervalos de horas. Para eso, sin embargo, se necesita receta médica. También existe la posibilidad, aunque mínima, de que el medicamento no funcione. Por eso, el AMIU se ha vuelto una práctica común.
La gran mayoría de los procedimientos realizados son en mujeres con hasta 13 semanas de gestación. Pero hay muchos otros casos, menos conocidos incluso entre las argentinas. La legalización del procedimiento en la ley de 2021 asegura que también tienen derecho al aborto aquellas mujeres cuya salud integral esté en riesgo debido a la gestación.
El término “integral” es clave en este contexto. Aunque en disputa, se basó en la interpretación de la OMS (Organización Mundial de la Salud) que considera que una persona es saludable no solo cuando no tiene una enfermedad, sino cuando su bienestar físico, mental y social está asegurado. Así, en Argentina también se toma en cuenta la salud psíquica.
En algunas regiones argentinas, como Rosario, también se incluye lo que llaman “salud económica”: la capacidad financiera para mantenerse a sí misma y a un futuro hijo, por ejemplo.
En este caso, mujeres en etapas más avanzadas de gestación también pueden abortar. Ya no más bajo el paraguas de la llamada IVE, sino después de hablar con sus médicos y, muchas veces, con un psicólogo.
Este fue el caso de la brasileña J., que descubrió el embarazo con 17 semanas. Tenía DIU y usaba preservativos con su pareja estable. Nunca quiso ser madre. “Tuve una red de apoyo, amigos y pareja. Tenía mucha certeza de lo que quería. Aun así, lo peor es el sentimiento de culpa. Por la criminalización en tu país de origen, incluso estando en Argentina te sientes como una delincuente”, relata J.
La legalización del aborto en Argentina cambió la realidad de un país en el cual la práctica ya ocurría al margen de la salud pública. Y también transformó el debate en la comunidad médica. Aún hoy hay muchos de los llamados objetores: médicos que se niegan a realizar este procedimiento. Incluso entre los que lo realizan, es común que cada uno estipule el período límite gestacional hasta el cual acepta hacerlo.
El ginecólogo Daniel Teppaz, profesor de posgrado en medicina de la Universidad Nacional de Rosario, lleva en su trayectoria personal un ejemplo de esta transición en la comunidad médica.
En la década de 1980, frente a una exigencia de la provincia de Santa Fe para que los médicos denunciaran a las mujeres que habían abortado, entregó a la policía a varias de ellas que llegaban al hospital con complicaciones tras el procedimiento en casa.
Pero hoy Teppaz es una referencia en la defensa del derecho al aborto y ayudó a construir los protocolos de Rosario. “En aquella época morían de una a dos mujeres por mes en el hospital por complicaciones tras el aborto. Cuando dejamos de denunciarlas y comenzaron a buscar más la salud pública sin miedo, dejaron de morir. Tuve una formación religiosa sobre el tema, hasta que entendí su importancia”.
Las muertes por causas relacionadas al aborto disminuyeron en Argentina desde la legalización del procedimiento. De 50 casos en 2013, pasaron a 18 diez años después. La caída se acentúa a partir de 2021, año en que la ley entra en vigor y que registró 13 casos frente a más de 23 en todos los años anteriores de la serie histórica, según los números oficiales.
Rosario debatía el asunto incluso antes de que llegara a los focos nacionales, fruto de años consecutivos en los que su administración estuvo en manos de alcaldes que eran profesionales de la salud y pro-derechos de las mujeres y de la actuación del Partido Socialista.
Al recibir a la periodista en la sede del partido en el municipio, la actual diputada nacional Mónica Fein, alcaldesa de Rosario de 2011 a 2019, recuerda un caso de 2007, cuando una niña de 11 años quedó embarazada tras una violación. El Código Penal solo permitía el aborto para mujeres violadas que fueran consideradas incapaces por algún trastorno mental. En los términos del antiguo texto, “que fueran idiotas o dementes”.
Rosario aun así realizó el procedimiento a la menor de edad. Y la ampliación del derecho al aborto a cualquier mujer violada solo se aseguró en el país en 2012, con una decisión de la Corte Suprema.
“Prohibir el aborto es solo dejar de ver la realidad con los ojos del Estado”, dice Fein. “Me parece que lo mejor, entonces, es reducir daños”.
Desde 2021, el laboratorio público de producción de medicamentos de Rosario ha empezado a producir misoprostol, abaratando el acceso al medicamento en medio de una crisis económica que dificulta aún más las importaciones en dólares.
En febrero de este año, correligionarios del presidente Javier Milei, abiertamente en contra del derecho al aborto, presentaron un proyecto de ley para derogar la legalización del procedimiento.
El proyecto propone castigar con penas de uno a tres años de prisión a las mujeres que aborten si no corren riesgo de muerte comprobado. No hay en el horizonte una fecha para que el proyecto entre en debate.
Aborto legal en Argentina
- Para mujeres hasta la 14ª semana del período gestacional.
- Cuando el embarazo es fruto de violencia sexual, independientemente del tiempo de gestación.
- Cuando la salud integral de la gestante esté en riesgo, también aunque esté fuera de ese tiempo gestacional.
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